El pasado 18 de diciembre se hizo viral, en redes sociales, un video que mostraba a un ciudadano cubriendo con pintura blanca un mural que hacía alusión a los abusos ejercidos por las fuerzas militares. Mientras cubría el mural, el hombre señaló que ese era un gesto para “Luchar contra el vandalismo, contra el odio”. La pieza estaba ubicada en el Pulpo de Puente Aranda , bajo del complejo de puentes vehiculares en la Avenida Américas con carrera 50 , al sur de Bogotá, junto a otros cinco ejemplares que varios colectivos artísticos crearon.
Todos los murales son el resultado de una convocatoria del Museo Abierto y su objetivo fue " desarrollar pinturas figurativas, realistas e hiperrealistas como lo había elegido la comunidad". Todas las piezas fueron elegidas de manera colectiva. La pintura que fue borrada, hizo parte del proyecto Utopías de andén , que intervino el colectivo SaintCat Crew, quienes trabajaron con los habitantes de calle y recicladores de cartón que habitan en esa zona.
Varios políticos rechazaron el mural, alegando una falta de respeto y autoridad por parte de la Alcaldía local, al permitir irrespetar y deslegitimar las fuerzas armadas. María Fernanda Cabal y Miguel Uribe, acusaron a Claudia López y a Idartes, en cabeza de Catalina Valencia, de malgastar el presupuesto de la entidad. Sin embargo, Valencia explicó la convocatoria del Museo Abierto, publicada en abril de este año. Señaló la ruta y elección de los colectivos participantes y resaltó lo que ordena la Constitución Política frente a la libertad de expresión: "En su artículo 71 indica que: la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres; a sí mismo la ley general de cultura en el ART.1 numeral 4 dice: " En ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales” Si tiene alguna otra inquietud lo invito a que conversemos sobre el gran proyecto Museo Abierto".
La pintura se conoce en medio de cuestionamientos a la Policía en Bogotá y el país. Esta semana, la Alcaldía publicó el informe de una relatoría independiente, dirigida por el exdefensor del Pueblo Carlos Negret, que señaló a la institución castrense de estar relacionada con 11 de las 14 muertes ocurridas entre el 9 y el 10 de septiembre de 2020 en manifestaciones tras la muerte por abuso policial de Javier Ordóñez.
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A ese informe se agregó el de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, en el que se sostiene que durante las manifestaciones del paro nacional, entre el 28 de abril y julio de este año, murieron al menos 63 personas, entre las cuales miembros de la Policía son los presuntos autores de al menos 28 casos y más de 16 agresiones sexuales.