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En Chile queda archivado el debate sobre la despenalización del aborto

La Cámara de Diputados de Chile rechazó este martes un proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación, una iniciativa que quedará archivada, alejando así uno de los principales anhelos del colectivo feminista en el país.

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Las causales incluyen apenas el 3 % de los miles de abortos clandestinos que se realizan en el país, aseguran los movimientos sociales que han calificado como insuficiente la legislación actual.

La Cámara de Diputados de Chile rechazó este martes un proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación, una iniciativa que quedará archivada, alejando así uno de los principales anhelos del colectivo feminista en el país. Tras un acalorado debate y una igualada votación, los diputados determinaron por 65 votos en contra, 62 a favor y una abstención no continuar con la tramitación de esta ley, que según indica la normativa, no podrá volver a presentarse hasta dentro de un año.

En el país suramericano solo es legal abortar en caso de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la madre o en embarazos producto de una violación, gracias a una iniciativa aprobada en 2017 durante el segundo mandato de la socialista Michelle Bachelet (20014-2018).

Las causales incluyen apenas el 3 % de los miles de abortos clandestinos que se realizan en el país, aseguran los movimientos sociales que han calificado como insuficiente la legislación actual. “El camino no es la criminalización, sino que el reconocimiento del derecho a decidir sobre abortar o no”, indicó la Corporación feminista Miles en su cuenta de Twitter. El rechazo, que no descarta que se pueda ingresar un proyecto similar en el corto plazo, desató numerosas críticas por parte de la oposición y de los colectivos feministas.
“Perderemos todas las veces que sea necesario para ganar un aborto libre, legal y gratuito. No sé cuándo lo presentaremos de nuevo (el proyecto) pero les prometo que lo haremos hasta el final”, sentenció la diputada de izquierda Maite Orsini, una de las impulsoras de la norma.

“El aborto existe, es una realidad, pero aún hay muchos que prefieren esconderla y condenar a quienes tomen esa difícil decisión”, agregó por su parte Marisela Santibáñez, parlamentaria del Partido Comunista. El rechazo de este proyecto, que buscaba despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación, pero no garantizarlo como un derecho libre y gratuito, fue celebrado en tanto, por los sectores más conservadores.

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“La mujer tiene derecho sobre su cuerpo, pero el niño que está por nacer no constituye parte de su cuerpo (...) No porque se cometan delitos en el extranjero quiero que se cometan en Chile”, expresó durante el debate el derechista Diego Schalper, de Renovación Nacional. En el Congreso, la norma siempre tuvo un fuerte rechazo de la bancada conservadora de derecha, apoyada por grupos religiosos. Unas 15 personas se manifestaban este martes rezando en las puertas del Congreso para que la despenalización del aborto no se aprobara.

“Es una gran noticia para la vida. Acá se hablaba de que el derecho del cuerpo de la mujer estaba por sobre el de la vida de esa guagua (bebé) de 14 semanas en el vientre materno”, dijo la diputada conservadora, Catalina del Real. El pasado enero, la aprobación del aborto libre en Argentina impulsó en Chile la discusión parlamentaria de este proyecto, que habían presentado en 2018 un grupo de diputadas de oposición.

La Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles), una de las plataformas en defensa de la mujer más importantes, lamentó a través de Twitter el rechazo y afirmó que “el camino no es la criminalización, sino que el reconocimiento del derecho a decidir sobre abortar o no”. Desde el movimiento feminista denuncian que muchas chilenas que cumplen con las tres condiciones encuentran dificultades aún para interrumpir su embarazo por las objeciones de conciencia interpuestas por clínicas y especialistas para practicarlo. Desde su prohibición absoluta, que se decretó a finales de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y hasta 2017, se realizaban unos 70.000 abortos clandestinos al año, según diversos estudios.