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En Colombia, 400 mujeres son criminalizadas por abortar cada año

La organización Mesa por la Vida, en equipo con la docente Isabel Cristina Jaramillo presentaron el informe "La criminalización del aborto en Colombia", un estudio que analiza e identifica la persecución judicial hacia las mujeres que abortan. Aquí los puntos claves del informe.

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En Colombia el aborto es legal en tres causales: cuando existe un riesgo para la vida o salud de la mujer, cuando el embarazo es resultado de violencia sexual o cuando se presenta una incompatibilidad del feto con la vida extrauterina. Organizaciones de salud y derecho internacional, en los últimos años, han instado a los países a avanzar en una despenalización total, por el bien de la salud pública y los derechos de las mujeres.

Sin embargo, una de las barreras que limitan el acceso al aborto es su tipificación como un delito en el código penal y con el fin de solucionarlo, el pasado 16 de septiembre el movimiento Causa Justa, conformado por más de 90 organizaciones y 134 activistas de todo el país, interpuso una demanda ante la corte constitucional para que esta declare inconstitucional el Artículo 22 del Código Penal. De acuerdo Angélica Cocomá, abogada de Women's Link Worldwide, “mantener el aborto como un delito es mantener un servicio de salud en el código penal, esto genera es estigma tanto entre las mujeres, como entre los prestadores de salud, lo que disuade y genera temor entre las mujeres a la hora de acudir a los hospitales por miedo de ir a la cárcel”.

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Si bien, desde el 2006 en Colombia abortar es un derecho en tres situaciones, desde Causa Justa han venido trabajando para que las mujeres pueden acceder al aborto, pero han concluido que la barrera que lo impide es que siga siendo un delito. Además, el prejuicio se extiende a la labor médica, quienes también temen sanciones penales por llevar a cabo abortos en sus centros hospitalarios de trabajo, en gran parte por la desinformación ante el procedimiento.

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En tanto la Corte Constitucional se pronuncia, la organización Mesa por la Vida, en equipo con la docente Isabel Cristina Jaramillo presentaron el informe "La criminalización del aborto en Colombia", un estudio que analiza e identifica la persecución judicial hacia las mujeres que abortan.

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¿Qué está investigando la Fiscalía?

De acuerdo con la base de datos proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, hay 5737 procesos registrados por el delito de aborto, de los cuales 4355 están inactivos y 4754 están en etapa de indagación. 450 casos están en etapa de ejecución de penas, es decir, son casos en los que ya hay condena o se decretó medida de aseguramiento, y 102 en etapa de juicio, es decir, que el juez no se ha pronunciado aún en un sentido u otro.

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En 2431 casos la noticia criminal se obtuvo por “actos urgentes”, mientras que en 1580 y 1540 casos, respectivamente, se obtuvo por denuncia e informes. 714 de los casos se llevaron por ley 1098 de 2006 y 6 se remitieron a la jurisdicción de menores.

Según el informe, a partir de 2006 se ha presentado un aumento muy significativo en los casos que ingresan al sistema: si en 2005 se presentaron 130 casos, en 2006 ya eran 199 y en 2018, 416. Aunque el número de casos por año no es constante, después de 2008, el promedio de casos se ubica alrededor de 400.

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Se encontró que los tres departamentos con más hechos investigados fueron Bogotá (1,008), Valle del Cauca (411) y Santander (317) (Tabla 10). Cuando se ajusta este dato por abortos in- vestigados por cada 100,000 mujeres en el departamento, los tres departamentos con más casos son San Andrés y Providencia (73 casos por cada 100,000 mujeres), Quindío (56,7 casos por cada 100,000 mujeres) y Amazonas (52,8 casos por cada 100,000 mujeres).

Patrones de persecución en las investigaciones

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En el estudio se plantean cuatro hipótesis que intentan explicar los patrones de persecución judicial, que toman forma en contra de las mujeres que abortan.

La estabilización en la persecución penal del aborto tiene como causa la movilización conservador

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Esta es la hipótesis privilegiada por la literatura sobre el tema. Supone que cuando hay una intervención judicial para garantizar el derecho al aborto, los grupos oposito- res se organizan para incrementar la presión contra las personas que buscan garantizar sus derechos. Pensamos que para confirmar o desvirtuar esta hipótesis haría falta una investigación en profundidad que no solo revise las descripciones de los hechos, sino que vaya más allá y busque detectar las influencias específicas en quienes hacen las denuncias, reportan casos y llevan a cabo los procesos.

La estabilización en la persecución penal del aborto tiene como causa la supervivencia de normas sociales que estigmatizan el aborto y de ideas patriarcales sobre el control de los cuerpos de las mujeres

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El equipo de investigación hizo un acercamiento departamental para cotejar los datos de la Encuesta de Aborto de La Mesa (2016), con el fin de encontrar un indicador feminista para contrastar con el dato de persecución penal. Tal como explican en el informe, el resultado de ese primer ejercicio fue poco explicativo: "hay tan poca variación en los indicadores feministas que éstos no explican la variación departamental en la persecución penal (Ilustración 23). De otra parte, cuando se intentó agrupar a los departamentos para tener tasas regionales de persecución, los promedios se ubicaron entre 28 y 31, mostrando una gran homogeneidad nacional y poca variación regional".

En conclusión, con los datos que tenemos de opinión pública y opinión específica sobre aborto, no es posible explicar la relación entre tendencias políticas liberales y conservadoras y persecución penal. Sería necesario evaluar específicamente entre los funcionarios de la FGN cuál es la distribución entre tendencias liberales y conserva- doras y si éstas se corresponden regionalmente. Es un trabajo que podría hacerse en posteriores investigaciones.