Estos puntos clave sobre la despenalización del aborto en la Corte Constitucional

Esta semana inició el debate sobre la despenalización del aborto en la Corte Constitucional, que responde a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta hace un años por la organización Causa Justa y busca eliminar el aborto del código penal.

Hablamos con Ana Cristina González Vélez, médica y fundadora de la Organización Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, para conocer cuáles son los puntos claves del proceso, qué se debate y lo que viene en las próximas semanas .

Lo que se está debatiendo

El magistrado Rojas, ponente en el debate, argumenta que el delito del aborto “crea una discriminación odiosa e injustificada” al sancionar a las mujeres que aborten, situación que no ocurre con los hombres. A partir de esta tesis, Rojas considera la sanción como un delito de género que debería ser eliminado del código penal y para veñr por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, deberá reglamentarse el procedimiento médico desde el Congreso de la República.

El segundo argumento del Magistrado Rojas apunta al "decaimiento de la cosa juzgada”, una mirada jurídica que reconoce el cambio de términos en la conversación general del tema e identifica la necesidad de un nuevo pronunciamiento judicial respecto a los derechos de las mujeres.

Qué ha pasado en el debate

De acuerdo con la doctora González, "hay dos demandas en la misma dirección en la Corte Constitucional, una de estas se encuentra en el despacho del Magistrado Rojas y la otra, está en el despacho del Magistrado de Lizarazo. Por información que se ha filtrado en los medios, sabemos que ambas ponencias parecen ir en la dirección de la solicitud de las demandas, esto quiere decir que ambos magistrados concuerdan con los argumentos que presentamos" .

Desde este punto, González asegura que ha sido una noción de seguridad desde la presentación de la demanda, pues fue admitida sin ninguna consideración, es decir, que los argumentos que la componen tienen la suficiente fortaleza para sembrar la duda razonable en los magistrados, que son expresamente argumentos en derecho.

De acuerdo con El Espectador, el magistrado ponente recopiló los conceptos que recibió de entidades como el Ministerio de Salud, la Fiscalía y organizaciones internacionales, en donde quedó claro que la persecución penal a quienes buscan abortar termina convirtiéndose en un problema de salud pública. Según esas intervenciones, esta penalización obliga a que los ciudadanos acudan a abortos inseguros, situación que se refleja en las tasas de mortalidad y morbilidad maternas, entre otros asuntos que atentan contra los derechos de las mujeres y niñas, lo cual puede ser reducido con la descriminalización del aborto consentido. “Estas recomendaciones y observaciones, entre otras, adquieren la mayor relevancia, máxime cuando las situaciones que se ponen de presente no son ajenas a la realidad nacional”, dice la ponencia.

Las orillas políticas de los magistrados

"Más que saber quiénes están a favor o en contra, hemos hecho un seguimiento al comportamiento de la Corte y su jurisprudencia en temas no solamente difíciles, sino internos, que atraviesan la protección de minorías y en temas similares como el nuestro, que tiene que ver con la inconstitucionalidad de un artículo de una ley. En esa instancia, la Corte ha sido garantista y ha trabajado de forma progresiva en lo que tiene que ver con la protección y el reconocimiento del derecho a la salud", reconoce la González.

Sin embargo, aunque en los ultimo 15 años sobre el tema del aborto la jurisprudencia se ha ampliado, reiterado y ha profundizado en pilares como el derecho fundamental a la vida, la permanencia del aborto como un delito en el código penal afecta ese derecho fundamental, como expone la demanda de Causa Justa, al ser la barrera de acceso para un servicio de salud.

Esta decisión es histórica y puede marcar la visión de la Corte, según cuenta González, "para vencer no solamente en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en Colombia, sino para proporcionar bajo esta acción una mayor protección para las mujeres y avanzar, teniendo en cuenta que este es un delito que está hecho expresamente para castigar a las mujeres y de alguna manera, desde esta perspectiva, reconocer nuestro estatus de ciudadanas plenas porque con la eliminación de este delito se estaría reconocimiento nuestra capacidad de tomar decisiones autónomas sobre nuestro cuerpo".

Se espera que en la próximas dos semanas la Corte Constitucional tome una decisión que esté a la altura de la jurisprudencia de la región —las recientes despenalizaciones en México y en Argentina— y proteja los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia, quienes no pueden seguir perseguidas y criminalizadas por acceder a un servicio de salud. La corte tiene plazo hasta el 19 de noviembre de emitir una respuesta.