El pasado 23 de abril el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Heráclito Landínez Suárez, radicó en la corporación el proyecto de ley 427 como una forma de actualizar la Ley del Libro (Ley 98 de 1993) en la cual “se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano”.
Teniendo en cuenta que la ley del 93 tiene más de tres décadas, esa legislatura no contempla los cambios en las dinámicas del ecosistema del libro que hoy en día incluyen un mercado donde librerías, comercio en línea nacionales e internacionales, editoriales y distribuidores son oferentes directos de libros para los colombianos.
Solo este punto, que involucra la tecnología, y también podríamos añadir el uso de la inteligencia artificial en la producción editorial, hacen necesaria una nueva normativa que se ajuste al contexto.
Sin embargo, este proyecto, que el 11 de junio ya fue aprobado en su primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, no cumple a cabalidad el objetivo de actualizar la Ley del 93 y por el contrario ha generado inconformidad en el sector editorial. Tres asociaciones editoriales y la Cámara Colombiana de la Edición Independiente solicitaron archivar dicho proyecto.
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Para comprender la falencias y aciertos de este proyecto conversamos con el escritor y librero de Le Tiende, Luis Izquierdo, quien enfatizó en que el hecho de tener una conversación en torno al ecosistema del libro es el gran plus del proyecto.
“Hay una necesidad de hacer una revisión sobre la Ley del Libro (1993) porque ha quedado rezagada en el tiempo de muchos acontecimientos que han venido pasando, tanto tecnológicos como de relacionamiento humano y de una configuración distinta del ecosistema de la industria del libro dentro de las industrias culturales en Colombia”, señala Izquierdo.
Los problemas que presenta el proyecto son de forma y de fondo. Uno de los puntos centrales está enfocado en las definiciones que esta iniciativa, liderada por el Pacto Histórico, presenta a modo de glosario.
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“Un proyecto de Ley pertinente y actual que pretenda proteger y potenciar la lectura en el país y el libro colombiano, debe comenzar por definir qué significa y representa que un libro sea editado en Colombia, para que fortalezca la industria editorial nacional. También debe entender correctamente la función y la importancia de las autoras y los autores, las editoriales, las librerías, las distribuidoras, y otros agentes del sector”, explica el comunicado presentado por la Asociación Colombiana de Libreros Independientes (ACLI), la Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil (ACLIJ), la Asociación de editoriales universitarias de Colombia (ASEUC) y la Cámara Colombiana de la Edición Independiente (CCEI) en el que piden archivar el proyecto.
El documento del proyecto considera como libro colombiano “todo libro que haya sido elaborado por una editorial radicada en el territorio colombiano, o cuyo autor sea nacional de Colombia”, sin hacer precisiones sobre las editoriales extranjeras, radicadas en el país, que produzcan libros de editores también extranjeros, por ejemplo.
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El problema con las definiciones continúa con lo que propone como autor: “es toda persona o inteligencia productora de un texto bien sea de carácter informativo o ficcional”. La interpretación literal de estas líneas podría abrir, entonces, un debate en torno al uso de la inteligencia artificial en la producción literaria que no se tiene en cuenta en el documento.
Para Izquierdo, quien se declara defensor de las relaciones humano-tecnológicas, “cuando no somos exactos o no estamos pensando muy bien, se comente este tipo de cosas, un desliz que tendríamos que ver hasta dónde abre la puerta a libros enteros generados por inteligencia artificial, y cómo se debería aclarar qué y en qué porcentaje eso está hecho por inteligencia artificial. Las definiciones se quedan cortas”.
Si seguimos revisando línea a línea también se pueden encontrar definiciones sobre los libreros y editores que no abarcan la complejidad y la importancia de estos actores en la cadena del libro. Pero surge otro tema que es quizás el más relevante a estudiar y legislar, el precio de los libros.
Las librerías y el mercado electrónico de libros
Como lectores nos resultan atractivas las promociones del 30 % en libros haciendo la compra virtual, los envíos sin costo o descuentos de hasta el 50 % por la celebración del Día del Padre, como lo presenta la plataforma Buscalibre. Sin embargo, para las librerías resulta imposible competir a esos precios, teniendo en cuenta cómo se establece el precio de un libro.
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Aunque puede parecer un sistema complejo, Izquierdo lo resume para la HJCK así: “El precio del libro lo pone el editor; de ese precio con el que el libro llega a las librerías hay un descuento del 35 %, usualmente, destinado a la operación de las librerías. Con eso los libreros tenemos que sobrevivir, pagar nuestros gastos financieros, administrativos, trabajadores, etc., así ha sido durante mucho tiempo”.
Y agrega que ese descuento las editoriales lo han venido aumentando en beneficio de algunos ecommerce, trasladándolo muchas veces a los clientes. “Esto lo que ha generado es que el precio del libro se abra de una manera exorbitante”.
En este punto la competencia se anula, en detrimento de las librerías del país, que ante la necesidad de pagar empleados, instalaciones físicas, entre otros gastos de operación, no pueden ofrecer estos tipos de descuentos. Un punto que no es tenido en cuenta en el proyecto de ley para fijar un precio justo del libro.
Sumado a estos inconvenientes, la desconexión de la propuesta del proyecto con el sector editorial se puede leer como una de las razones para desconocer el panorama del ecosistema del libro, y de acuerdo con el comunicado de las asociaciones, como una razón de peso para archivarlo.
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“El sector del libro es muy complejo por la diversidad y multiplicidad de actores con diferentes características e intereses. A un debate como este se le debe dar tiempo y es necesario llegar a acuerdos dentro del mismo sector antes de apresurar la aprobación de un proyecto de ley que sea perjudicial para el desarrollo cultural y la soberanía intelectual del país”, sentencia la misiva firmada por Felipe González, presidente de Ccei; Ana María Aragón, presidenta de la Junta Directiva de Acli; Carolina Rey Gallego, presidenta de la Aclij y Marco Giraldo Barreto, presidente ejecutivo de Aseuc.
Además, en el documento exaltan la comunicación y el trabajo que han adelantado representantes del gremio editorial y que esperan se vea reflejado en la renovación de la Ley General de Cultura, liderada por el ministro Juan David Correa, quien precisamente proviene del sector.
“Aprovechando que se está pensando en actualizar la ley del libro, hay que dialogarla, que sea un pretexto para poner en el escenario colombiano y de los lectores colombianos qué es lo que pasa con el libro y cómo funciona este ecosistema. Es una buena entrada para que muchos lectores quieran acercarse a los libros como una de las tecnologías de la memoria más poderosas que ha inventado el ser humano”, reflexiona Izquierdo.
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