La arremetida contra el CNE se suma a la clausura de la Academia Nicaragüense de la Lengua (ANL) hace unos días, además de centros de investigación, ambientales y de derechos humanos.
El CNE, que llegó tener 120 miembros, perdió su personalidad jurídica al igual que otras 93 oenegés, tras el voto de 74 diputados oficialistas, en un congreso de 91 escaños, indicó el presidente del Legislativo, Gustavo Porras.
Cardenal (1925-2020) fundó el CNE en 1990 y tuvo entre sus miembros al exvicepresidente y escritor nicaragüense Sergio Ramírez, exiliado desde el año pasado en España luego de una ola de detenciones de opositores en el país, previa a las elecciones donde Ortega obtuvo un cuarto mandato consecutivo.
En la fundación del CNE también participaron escritores nicaragüenses como Gioconda Belli (en el exilio) y Carlos Tünnermann, entre otros. Promovía la investigación literaria y la protección de los derechos de autor.
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Ramírez, premio Cervantes 2017 y alguna vez aliado de Ortega, dirigió durante varios años la revista literaria Hilo Azul del CNE, que publicó sus últimas ediciones en 2020.
Su fundador, Ernesto Cardenal, quien participó en la lucha contra la dictadura de los Somoza, criticó en reiteradas ocasiones la conducción "autoritaria" del gobierno de su antiguo compañero de lucha, el presidente Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).
Más de 500 organizaciones civiles han sido ilegalizadas en Nicaragua desde el 2018, cuando estallaron masivas protestas contra el gobierno que dejaron 355 muertos, según organismos de Derechos Humanos.
Ortega, un exguerrillero en el poder desde 2007, tiene como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo. Acusa a sus opositores de quererlo derrocar con el apoyo de Washington, mientas que Estados Unidos ha sancionado a su gobierno porque considera que no respeta la democracia.
Con el cierre de las ONG "el objetivo del régimen Ortega-Murillo es desaparecer el espacio para la sociedad civil independiente", dijo recientemente la Federación Internacional por los Derechos Humanos.
Las organizaciones canceladas son acusadas de violar la ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro por no reportar sus informes financieros, y explicar el origen de los recursos que recibían del exterior.
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Según el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, la intención de los cierres es "eliminar toda posible visión social y política" contraria al gobierno.
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