Estas son las presuntas irregularidades entre MinCultura y la Gobernación de Bolivar

De acuerdo con la investigación de La W, el convenio tiene como objeto "Aunar esfuerzos para la construcción, adecuación, mantenimiento, rehabilitación, dotación e intervención de infraestructura y bienes de interés cultural en el departamento de Bolívar". Los proyectos acordados dentro de este contrato son tres: el Museo de Víctimas de Manpuján, el Parque del Jazz y la Malla vial de Mompox, Bolívar.

El convenio quedó radicado con fecha del 7 de julio de este año y establece un único desembolso por parte de Ministerio de Cultura por un monto de $66.000 millones de pesos, de los cuales, según la investigación, 30 mil millones de pesos ya fueron adjudicados a megacontratistas cercanos a la casa política de los Char.

En entrevista con ese mismo medio, Claudia Álvarez, Secretaria de la cartera reconoció que "el convenio está firmado, pero no hemos hecho el desembolso porque, precisamente, necesitamos que el Departamento empezara a avanzar en los procesos contractuales".

Además, Álvarez enfatizó en que “ el Ministerio no le ha entregado ningún peso al departamento y no se ha hecho porque, aunque la cláusula habla de un solo pago, nosotros tenemos claro que hay que hacer un flujo de caja que se le pidió a la Gobernación”.

Según La W, las acciones realizadas por la Gobernación contradicen las declaraciones de Álvarez, pues aunque la secretaria niega el desembolso, la Gobernación ya abrió las licitaciones para los tres proyectos y adjudicó uno de ellos, la construcción del Parque del Jazz para Mompox por un valor de $33 mil millones, a cargo de AE Ingenieros Civiles S.A.S., reconocido en una investigación de la Silla Vacía como uno de los contratistas de confianza de la familia política de los Char. Además, la malla vial que contempla el convenio tendrá que pagarla la Alcaldía.

Este hecho reabre el debate sobre la modificación reciente de la Ley de Garantías en el Plan Nacional de Desarrollo, teniendo en cuenta el año preelectoral y las posibles financiaciones ilegales a campañas políticas. Hasta el momento, ningún miembro del Ministerio o la Gobernación se han pronunciado oficialmente.