Los interesados en el pecio, que no puede ser comercializado por ser considerado patrimonio cultural, tendrán que presentar al gobierno un inventario detallado del hallazgo y los planes para su "conservación" y "aprovechamiento económico", según un decreto presidencial dado a conocer el jueves.
El Ejecutivo busca que el tesoro - estimado por investigadores en al menos 200 toneladas de oro, plata y esmeraldas - sea aprovechado "en un museo de especies náufragas (...) que sea un orgullo para Colombia, el Caribe y el mundo", detalló la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, en un comunicado.
Los restos se encuentran a una profundidad de entre 600 y 1.000 metros, lo que ha representado un desafío tecnológico y científico. Expertos estiman el costo de la operación en 70 millones de dólares.
Quien lo rescate deberá firmar un "contrato" con el Estado, ordena el decreto. El acuerdo contempla un "programa de conservación que involucre la totalidad de objetos hallados en su interior", según la nueva norma, que también aplica para otros hallazgos en aguas territoriales colombianas.
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El gobierno anunció en 2015 el hallazgo del pecio, buscado durante décadas por cazatesoros.
España e indígenas bolivianos también reclaman el cargamento. Los europeos argumentan que el barco hundido a cañonazos por los ingleses en 1708 era de su Armada, mientras que el pueblo Qhara Qhara de Bolivia dice que las riquezas fueron sacadas de sus tierras, en ese entonces colonizadas por españoles.
Colombia sostiene que el galeón es "totalmente" suyo, pero ha abierto la posibilidad de que otros países que ayuden en el rescate reciban "ingresos" con los boletos de entrada al museo que se construirá en Cartagena (norte) para exponer las alhajas.
El entonces presidente, Juan Manuel Santos (2010-2018), lo presentó como "el tesoro más valioso que se ha encontrado en la historia de la humanidad" y planteó financiar la operación para rescatarlo con parte de las riquezas que se hallen.
El plan fue abortado por su sucesor, Iván Duque, quien asumió en 2018 y ha aplazado ese proceso de contratación en espera de garantías de que lo recuperado permanezca en Colombia.
"Habría sido totalmente irresponsable entregar los hallazgos que se encuentran en este patrimonio para el lucro de unos anticuarios, una vergüenza", enfatizó Ramírez.
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