"¿Quiénes son?": una acción ciudadana por la paz

En Colombia, la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC - hoy partido FARC - se convirtió en el escenario para pensar en la posibilidad de una vida digna en la que la violencia no tuviera cabida. Además, una oportunidad para transformar nuestro relato como país y adentrarnos en la construcción de un periodo retador y desconocido: el posconflicto. Sin embargo, la implementación de los acuerdos ha sido deficiente y desde la desprotección, los excombatientes y líderes sociales han perdido la vida por el incumplimiento de lo concertado, tras seis años de negociación.

Las vidas perdidas se han convertido en un marcador que aumenta con los días y todos observan, con el aumento como certeza, cómo el silencio de las instituciones encargadas los sigue condenando. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) las cifras detallan que en el 2020 han sido asesinados 166 líderes y/o defensores, además de 36 firmantes de las Farc, para un total de 152 crímenes a corte del 15 de julio.

¿Cómo denunciar estos asesinatos? ¿Quiénes deben hacerlo y quienes más están encargados de responder? Estas y muchas otras preguntas han motivado “ ¿Quiénes son? ”, una acción ciudadana de protesta, promovida desde Espacio Odeón, que busca acciones y respuestas frente al asesinato de líderes sociales y excombatientes. Hablamos con Alejandra Sarria, representante del proyecto.

“ ¿Quiénes son? ” deviene de un gran cuestionamiento: ¿fracasó el acuerdo de paz? Además de preguntarse por el acuerdo, hace lo propio con la idea de la paz y su naturaleza como derecho constitucional. A la vez, ha sido concebida como una acción concreta, colectiva y ciudadana que no solamente se queda en el terreno de lo simbólico, aunque lo habita, sino que es efectiva en la medida que usa uno de los mecanismos de derecho a la información que tiene la ciudadanía.

En un primer momento, puede ser confuso entender de qué va “ ¿Quiénes son? ”. En la página de inicio se encuentra alojada una carta de Marco Tulio Anzola, abogado de Rafael Uribe Uribe - polírico y líder del partido Liberal, asesinado en 1914 -, quien escribió un libro sobre el asesinato de su cliente y demuestra quiénes están detrás, cuál es la estructura del crimen. Ambos proyectos están hermanados por un mismo interés, conocer la verdad y que esta se haga pública, motivada por la exigencia de una denuncia a través de un sistema burocrático para hacerlo. Al respecto, Alejandra Sarria, de Espacio Odeón nos cuenta: "Lo que hace evidente el fracaso de los acuerdos de paz es el continuo asesinato de líderes sociales y excombatientes. Hay un problema importante, que se revela a través del texto de introducción y es que este ha sido un asunto sistemático a lo largo de la historia del país. Así como a Rafael Uribe Uribe lo asesinaron dos personas que como actores materiales terminaron en la cárcel, las personas que estaban detrás, los actores intelectuales o las estructuras que lo mandaron a matar, por más que todo el mundo sabía quiénes eran en ese momento jamás hubo una justicia o, por lo menos, una revelación de esa verdad histórica. Finalmente, lo que notamos es que sigue pasando, han pasado más de cien años y estos asesinatos, de cierta manera, muchos sabemos cuáles son las estructuras de poder que están detrás de querer anular esta reclamación de tierras, protección del medio ambiente, reclamación de víctimas, etcétera, de todas maneras sigue siendo un secreto a voces donde no se llega a saber ni a revelar esas estructuras, mucho menos a saber qué necesitamos hacer para desmontarlas. Ese es el trasfondo del asunto y la razón por la que la pregunta (¿Quiénes son?) está orientada, no tanto "díganme quién lo mató", sino qué están haciendo para desmantelar las organizaciones que están detrás de eso".

De lo simbólico a lo práctico: la burocracia como un mecanismo de búsqueda de respuestas

Las instituciones están construidas desde la verticalidad de la jerarquía que cobra forma a partir de un conjunto de trámites administrativos interminables: inscribir, radicar, declarar y esperar respuesta, hace parte de un camino pedregoso que pocas veces lleva a los ciudadanos, sean víctimas o veedores, a lugar de una respuesta. La poca credibilidad en estas formas, no solo disminuye la cantidad de denuncias, sino genera aún mayor distancia entre los derechos ciudadanos y el cumplimiento de los mismos por parte de los agentes competentes.

La movilización pública es una salida y un derecho. Las calles como escenario de denuncia y performatividad de las exigencias aumenta el sentir de lo colectivo, sin embargo, desde la virtualidad y el aislamiento, la restricción del espacio supone la búsqueda de canales efectivos. En este punto, los elementos que conforman la estructura burocrática, pueden convertirse en un medio para la ciudadanía.

"Dentro de este contexto del encierro, teníamos discusiones sobre lo importante que fue el paro nacional, esta idea de por fin sentir un despertar colectivo y nosotros como ciudadanos habíamos perdido el miedo a la protesta que venía desde el genocidio de la UP y muchas cosas que nos generan miedo a oponernos a este sistema. De repente eso se volvió imposible no solamente por la pandemia, sino que se diluyó, pero quedó la pregunta de ¿qué se puede hacer?, como ciudadanos ¿qué otras formas de protesta podemos ejercer? ¿De qué otra manera podemos exigir y ahí estuvo el asunto de la burocracia. Siempre nos quejamos de la burocracia, de cómo operan estos sistemas y lo difícil que resulta navegarlos, pero también la burocracia tiene estamentos como los derechos de petición, las tutelas y otra cantidad de figuras a través de las cuales, los ciudadanos pueden reclamar. De ahí salió la idea, si uno hace masivamente derechos de petición, de alguna manera está generando una nueva forma de protesta para exigir una respuesta por los asesinatos de líderes sociales y excombatientes".

El derecho de petición es una herramienta constitucional diseñada para que los ciudadanos puedan exigir información y respuestas a las autoridades administrativas, frente a situaciones de interés general o particular. A esta petición, las instituciones están obligadas a responder de manera efectiva en un plazo máximo de diez días. La naturaleza del formato responde al objetivo de la iniciativa, pues al hacerse una exigencia masiva antes las instituciones correspondientes, las respuestas deben no pueden ser genéricas y exigir claridad es una forma de hacer presión. Además, el derecho de petición es individual y a título personal, quienes participan asumen una posición ante lo que denuncian.

Con los desplazamientos en los últimos días de excombatientes en Ituango, parece que se repiten las historias de terror que siempre hemos escuchado como asesinatos, persecuciones, exterminio. Como ciudadana y curadora cuál es tu noción frente a este tipo de acciones que superan la barrera del hashtag, o las camisetas pintadas, sino es una exigencia a quienes se supone deberían protegernos. ¿Cómo siente usted que se construyen acciones ciudadanas desde la virtualidad?

Justamente el hecho de operar en una realidad. Por ejemplo, esto que se hizo luego de la noticia de la violación de la niña Embera, las fotos de la cara por mitad, son muestras de apoyo simbólico que no están mal, pero se quedan muy cerradas en el símbolo, en quién lo ve en mis redes o través de un hashtag y realmente, eso cómo llega a tener un efecto o un impacto directo a la institución a la que se está protestando, ni siquiera queda claro contra quién se está protestando.

Esa fue una de las preguntas que más nos hicimos y la razón por la que nos asesoramos con organizaciones como Somos Defensores para entender muy bien lo que estábamos haciendo, ellos fueron los que nos dijeron, los derechos de petición tienen que ir dirigidos a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía porque fue la que se creó específicamente para eso. Entender muy bien a quién le estamos haciendo la exigencia y por qué, es una diferencia importante.

La otra es esa, la exigencia tiene un impacto operativo porque ya estos días han llegado cientos de derechos a esta unidad, que debe estar además muy sorprendida, y tienen que responder. En 10 días todos los que firmen tienen que empezar a recibir respuesta a esos derechos de petición. Ahí hay una efectividad que llega directamente a la institución, sabemos que eso no va a hacer que mañana dejen de matar líderes, pero sí va a hacer evidente que hay una ciudadanía que sabe que esa institución tiene una obligación y un mandato constitucional que están exigiendo. Eso es clave porque aquí tendemos a olvidar que las instituciones trabajan para nosotros y que exigirles que cumplan con nuestro derecho de la paz es algo que tenemos que hacer. De eso se trata, de levantar esta voz ciudadana clara y contundente, que sabe bien qué es lo que está pidiendo y a quién, que deje claro que estamos haciendo veeduría, estamos atentos a que se cumpla lo que se supone debe cumplir. Y entre más sean, más escala puede tener.

Es importante eso, que nos salgamos de la cosa tan fácil y nos comprometamos a un nivel más personal. Aquí hay una cosa bonita, y quizás haya gente que no lo haga porque le incomoda, tienes que poner tu nombre y tu cédula, no es solo poner un cuadrado negro en instagram. Implica un compromiso distinto y eso me parece importante".

Para participar de esta acción ciudadana, den click aquí .