El mes pasado, el parlamento de la provincia de Punyab, (Pakistán) donde vive la mitad de los 215 millones de paquistaníes, votó unánimemente un proyecto de ley que, si es aplicado, puede imponer a los editores multas o penas de prisión de hasta cinco años si publican elementos "reprensibles".

"Es desgraciadamente un nuevo episodio de una larga historia de medidas regresivas y antidemocráticas adoptadas por los representantes del Estado, que utilizan la religión como excusa para asfixiar la libertad de expresión y el pensamiento crítico", explica a la AFP la socióloga Nida Kirmani.

Medios de prensa, sociedad civil y oposición política denuncian una creciente censura, especialmente en las redes sociales, desde la llegada al poder en 2018 de Imran Khan , cuyo partido gobierna el Punyab. El ejército y los religiosos parecen ejercer un poder cada vez mayor en Pakistán, en detrimento de los sectores llamados liberales.

El proyecto de ley incluye "términos tan ambiguos que pueden ser usados contra editores progresistas como nosotros", se preocupa Bilal Zahoor, director de redacción de una editora independiente basada en Lahore, que teme que "irá hacia la quiebra". En su forma actual el texto da a las autoridades un margen de maniobra casi ilimitado para controlar, censurar y confiscar libros que consideren problemáticos.

Obscenidad

Así, puede ser atacado "cualquier material susceptible de poner en peligro o perjudicar la ideología de Pakistán o su soberanía" así como "la integridad o la seguridad" del país. Además, la norma cuestiona contenidos que promuevan "la vulgaridad" y "la obscenidad", y prohíbe estrictamente la "falta de respeto" o "profanación" del profeta Mahoma cuya mención deberá estar seguida siempre de términos honoríficos.

Los editores deberán igualmente someter descripciones detalladas de todos sus libros a la oficina de relaciones públicas del Punyab, que podrá luego inspeccionar cualquier imprenta, editora o librería, y confiscar las obras que disgustan. Pakistán ya tiene el poder de prohibir libros tras su publicación. Por ejemplo, en enero las autoridades hicieron retirar los libros de la autora angloestadounidense Lesley Hazleton sobre los orígenes del Islam, que durante varios años nunca tuvieron problemas con los censores.

Poder arbitrario

Más de 200 universitarios, periodistas e historiadores firmaron una carta abierta al parlamento de Punyab para expresar su preocupación frente al "inmenso poder arbitrario, sin límites e unilateral" dado a las autoridades para decidir sobre el destino de un libro.

Diarios y revistas ya son examinados cuidadosamente en virtud de leyes ya existentes, y no están sometidos a la nueva legislación. Los manuales escolares tampoco, aunque el servicio de manuales que los controla se ha inspirado claramente en la legislación.

Tras la adopción del proyecto de ley, ya impuso su primera prohibición masiva, al censurar 100 libros de texto utilizados en escuelas privadas debido a que algunos contenían citaciones de Mahatma Gandhi, ícono de la independencia de India, o mapas que no incluían a Cachemira --territorio que también reclaman India y China-- como parte de Pakistán.

"Los editores podrían haber pedido permiso antes de imprimir esos libros", comentó a la AFP, sin más, Rai Manzoor Hussain Nasir, jefe de la Oficina de manuales, y calificó su acción de "buena y patriótica". Fawad Chaudry, ministro federal de Ciencias y Tecnología, conocido por su progresismo, se mostró menos elogioso: el proyecto de ley del Punyab podría alimentar "el sectarismo y el extremismo religioso", advirtió.