Libertadoras: mujeres educando a un país

Por: Jorge Cardona
@HJCKradio Jonathan Bejarano

Crónica

El sello de la carta política de 1886 fue la ley 61 de 1888 que Fidel Cano en El Espectador bautizó como la ley de los caballos. Un desproporcionado estatuto del gobierno Núñez contra la libertad de prensa, expedido dos meses antes de que el Congreso eligiera al conservador Carlos Holguín como primer designado y, desde agosto de ese año y hasta 1892, como presidente. Núñez se fue a El Cabrero a escribir y, como vaticinó Murillo, el conservatismo -versión nacionalista- recobró el mando. Con oposición hasta de los conservadores históricos, pero con una coyuntura económica favorable por el éxito de las exportaciones de café y el proteccionismo aduanero fomentando la industria.

Si el artífice de La Regeneración había anunciado que la constitución de 1863 dejaba de existir, su encargado se quedó corto a la hora de interpretarlo. No solo fueron los periodistas multados, censurados, presos o en el exilio, sino que el eje del ideario liberal de la separación Iglesia-Estado se hizo trizas. Con Carlos Holguín crecieron las obras públicas y se fortalecieron las relaciones exteriores, pero también crecieron las cárceles y el abuso policial. Con mano extendida para obsequiarle 122 piezas del tesoro Quimbaya a la reina María Cristina de España por dictar un laudo arbitral sobre la frontera terrestre con Venezuela, pero intransigente frente a la crítica y obsequioso con la Iglesia también al mando.

En 1892 se repitió el libreto. Favorecido por la reelección inmediata, Núñez ganó otro sexenio y regresó a Cartagena. Esta vez gobernó por él, Miguel Antonio Caro, hijo del fundador del Partido Conservador José Eusebio Caro y nieto de Nicolasa Ibáñez. Según Héctor Echeverri Correa, en su obra “Pinceladas y brochazos presidenciales”, “uno de los mayores consumidores de rosarios que tuvo Bogotá, uno cada tres meses de tanto contar ave marías”. En una entrevista con un periodista extranjero que le preguntó sobre el papel de las mujeres en su gobierno, Caro contestó muy orondo: “las mujeres de buenas familias sirven entre nosotros para blanquear la gente, las otras para embrutecernos”.

A la vigésima semana de su sesgado gobierno sobrevino un grave suceso recordado como El Bogotazo, con saldo de 40 muertos y más de cien heridos por una pugna religiosa. Como en los tiempos de la guerra santa de 1876, el semanario Colombia Cristiana la emprendió contra los artesanos y obreros de Bogotá y cuando la Policía intentó disolver su protesta contra el agresivo escrito, los manifestantes atacaron el cuartel e incendiaron la casa del ministro de gobierno Antonio Basilio Cuervo. Entonces el ejército apeló a la artillería contra los artesanos armados de revólveres, cuchillos, escopetas y machetes, como narra el historiador Enrique Santos Molano en su libro “Las grandes noticias colombianas”.

Un aire de guerra que, en enero de 1895, con Caro ratificado en la presidencia por la muerte de Núñez, trajo consigo la octava confrontación civil del siglo XIX que solo duró dos meses, pues la rebelión liberal fue aplastada en Enciso (Santander). Pero fueron alas para el ejecutivo y su cruzada nacionalista y regeneradora, con provocadores aliados como el sacerdote español Ezequiel Moreno que llegó a Bogotá en calidad de misionero en 1889 para escribir un polémico capítulo de la historia nacional. Aunque primero fue director espiritual de las alumnas del colegio Sagrado Corazón de Jesús y luego confesor de doña Ana Narváez de Caro, esposa del primer mandatario.

Estuvo como vicario en la región del Casanare y en 1895 fue nombrado obispo de Pasto, donde desplegó una belicosa prédica contra los liberales y los masones porque “acechaban por todas partes amenazando a los hijos de la luz”. La feligresía se vio colmada por sus incendiarias manifestaciones, y los que acataban su verbo y lo seguían obstinados, añadieron estas razones a las suyas para anidar otra guerra antes de cerrar el siglo XIX. Ezequiel Moreno fue obispo de Pasto hasta 1905, y así sintetizó en su testamento su parecer: “deseo que en el salón donde se exponga mi cadáver, y en el templo, durante las exequias, a la vista de todos, se ponga un cartel grande que diga: el liberalismo es pecado”.

La hora de los derechos femeninos

Era una promesa de campaña. Cuando Enrique Olaya triunfó en 1930 y puso fin a 45 años de hegemonía conservadora, a la segunda semana de gobierno llevó al Congreso su propuesta de autorización de derechos patrimoniales a las mujeres casadas. Con autonomía para pedir separación total o parcial de bienes. Por el énfasis moralista de sus opositores, tanto o más difícil que la discusión de los derechos de los trabajadores. Por supuesta afección a la estabilidad de los hogares, la unidad conyugal o las bases del matrimonio católico, la mayoría de los conservadores dejaron constancia de su voto negativo.

En cambio, fue el asunto central de los debates del Cuarto Congreso Internacional Femenino que deliberó en Bogotá en diciembre en el Teatro Colón, con ocasión del primer centenario de la muerte del libertador Simón Bolívar. Con la presencia de representativas mujeres de varias regiones y dirección de la feminista española Georgina Fletcher, representante de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas y gestora del Centro Femenil de Acción Social en Bogotá. Como la mayoría de las asistentes eran educadoras, el tema ocupó las primeras sesiones y la voz de María Eatsman orientó el debate.

La ponencia de la educadora Ofelia Uribe de Acosta sobre la reforma al Código Civil y las llamadas capitulaciones matrimoniales, abrió el debate de fondo. No solo explicó la trascendencia del proyecto de ley respecto a la soberanía económica de las mujeres, sino que lo expuso como el primer paso hacia el reconocimiento pleno de los derechos civiles y políticos de la mujer colombiana. Por eso, entre las decisiones del congreso femenino, se acordó crear una comisión de seguimiento a la reforma en el Legislativo, integrada por la propia Ofelia Uribe, Clotilde García, Pepa Uribe y Elvira Lleras, que no faltaron en las barras.

Pero la decisión final era de los hombres y pudo más la mayoría conservadora del Congreso. El proyecto se hundió y las mujeres se pusieron de pie a reclamar su momento. La reforma Olaya-Restrepo -así llamada por el presidente y su ministro de gobierno, el expresidente conservador Carlos E. Restrepo-, volvió al ruedo en 1932. En su ensayo “La República Liberal y la lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres”, la historiadora Magdala Velásquez Toro detalla que la actuación de los liberales y la presión de gobierno hizo posible la ley, “pero sobre todo pesó la presión social de los abogados de la capital y las dignísimas señoras de la ciudad”.

La ley 28 de 1932 reconoció derechos civiles a las mujeres casadas para la libre administración y disposición de sus bienes, y garantías para comparecer en distintos juicios sin la autorización de sus maridos. En la práctica, la ley tardó buen tiempo en aplicarse por la resistencia patriarcal y la tradición en muchos hogares. Sin embargo, fue un paso tan importante como el decreto 1874 de 1932, que sentó las bases para la enseñanza primaria y secundaria, y meses después, los decretos 227 que extendió los avances del anterior decreto a las mujeres, y el 1972 de 1933, que dio vía libre al ingreso de las mujeres a la universidad.

Un activismo protagónico que explica también porque en septiembre de ese año 1932, cuando 300 peruanos invadieron Leticia y estalló la breve guerra con Perú, los centros femeninos organizaron una marcha en Bogotá con cerca de 10.000 mujeres exigiendo soberanía, con generosos gestos de   contribución económica para los gastos de la milicia. El año 1933 fue bautizado el de la nueva mujer colombiana y, reconociendo sus avances, pero pensando en sus votos, un grupo de conservadores presentó un proyecto de reforma constitucional para que se le concediera a las mujeres sus derechos políticos.


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